INTELIGENCIA Y ECONOMÍA | MADRID, 18 DE OCTUBRE DE 2026. El llamado caso Pegasus y la financiación oficial española de proyectos en Marruecos han regresado al debate de seguridad nacional por investigaciones periodísticas sobre las gestiones con Israel y la financiación bilateral. Existen elementos documentales sólidos que obligan a exigir explicaciones públicas: la infección de los teléfonos de responsables del Gobierno, los créditos de exportación aprobados para Marruecos y la opacidad persistente sobre la autoría del espionaje. Pero relacionar cronológicamente dos hechos no basta para afirmar un chantaje diplomático o un intercambio de favores. Este reportaje examina qué está acreditado.
Mayo de 2021: el móvil presidencial fue intervenido
El 2 de mayo de 2022, el Gobierno español confirmó oficialmente que análisis técnicos del Centro Criptológico Nacional (CCN) habían hallado infecciones del programa Pegasus en los dispositivos de Pedro Sánchez y la entonces ministra de Defensa Margarita Robles. Según informó RTVE tras la comparecencia del ministro Félix Bolaños, se detectaron dos intrusiones al teléfono del presidente en mayo de 2021, con 2,6 gigabytes de datos extraídos en una y 130 megabytes en otra, y nueve megabytes en el caso de Robles.
La magnitud del dato sustraído, el vector de infección y la posible explotación de comunicaciones sensibles plantearon desde entonces un problema grave de contrainteligencia y protección de las comunicaciones oficiales. La extracción técnica es un hecho atribuido al análisis del CCN; el destino de ese material y la identificación de quienes lo utilizaron son cuestiones distintas.
Enero de 2026: el archivo judicial no identifica al responsable
El 22 de enero de 2026, la Audiencia Nacional acordó de nuevo el sobreseimiento provisional de la investigación, según informó EFE. El juez José Luis Calama expuso obstáculos para ejecutar comisiones rogatorias dirigidas a Israel, que dificultaban atribuir una responsabilidad penal individual. La causa había sido archivada antes, en 2023, y reabierta en 2024 con información de autoridades francesas.
Es esencial comprender esa resolución: el archivo provisional no significa que el espionaje no existiera. Tampoco constituye una sentencia que atribuya la operación a Marruecos, Israel o cualquier otro actor. Que la tecnología procediera de la empresa israelí NSO Group no equivale a demostrar que el Estado israelí ordenara la operación ni que un Estado cliente concreto la ejecutara.
Las investigaciones periodísticas sobre la ruta marroquí
Distintos periodistas publicaron en febrero y septiembre de 2026 informaciones sobre vuelos, contactos y posibles iniciativas españolas para recuperar material extraído. El diario sostiene la hipótesis de participación de servicios vinculados a Marruecos y conecta el caso con decisiones bilaterales posteriores.
Son investigaciones periodísticas atribuidas al medio, algunas apoyadas en fuentes reservadas y movimientos de aeronaves. Esas pruebas pueden justificar nuevas pesquisas, pero la evidencia pública disponible no permite confirmar una cadena completa de mando, el contenido exacto del material obtenido o una negociación coercitiva.
Para contrastar la hipótesis serían necesarios los registros de los vuelos, manifiestos, comunicaciones diplomáticas, peritajes y documentación contractual. Un movimiento aéreo o una visita de profesionales no demuestra por sí solo la finalidad de una operación.
Febrero de 2025: el préstamo de los 40 trenes
Hay, en cambio, un documento oficial directamente comprobable. El Ministerio de Economía, Comercio y Empresa anunció el 27 de febrero de 2025 un protocolo financiero y crédito FIEM de más de 750 millones de euros destinado a la adquisición de 40 trenes por la oficina ferroviaria marroquí ONCF, en un proyecto ligado a proveedores españoles y a la mejora de su red antes del Mundial 2030.
El convenio de crédito vincula al Instituto de Crédito Oficial como agente financiero y a la ONCF como prestataria, con garantía soberana de Marruecos. No se trata de una transferencia gratuita automáticamente equiparable a una subvención incondicional.
La explicación oficial del funcionamiento del FIEM describe un crédito al comprador extranjero, cuyos desembolsos se realizan en favor del exportador español conforme al contrato. Sus plazos, interés y garantías deben distinguirse de una ayuda directa.
¿De dónde procede la cifra de 1.015 millones?
Una investigación publicada el 13 de septiembre de 2026 señaló que la financiación vinculada a Marruecos sumaba 1.015 millones de euros entre 2021 y 2026, frente a unos 207 millones del trienio 2017–2020. Es una agregación periodística que requiere reconciliar proyecto por proyecto con la memoria oficial del FIEM, las resoluciones y los desembolsos.
La comparación necesita controlar los distintos números de años, el tamaño excepcional de una operación ferroviaria superior a 750 millones y la diferencia entre aprobaciones, compromisos, desembolsos y reembolsos. El mero crecimiento nominal de la cartera no muestra por qué se adoptó cada decisión.
Tres hipótesis separadas
Hipótesis A, acreditada en su hecho base: una intrusión Pegasus permitió extraer información de altos responsables de España.
Hipótesis B, acreditada en su hecho contractual: España aprobó financiación de exportación a Marruecos, parte de ella de gran volumen y respaldada por garantía soberana.
Hipótesis C, pendiente de acreditar: esos créditos se concedieron como consecuencia del espionaje o bajo una presión directa ejercida mediante el material obtenido.
La tercera no se deduce necesariamente de las dos primeras. Para probarla se necesitarían instrucciones, comunicaciones, registros de reuniones, indicios financieros irregulares o testimonios corroborados que enlazaran efectivamente ambas decisiones.
Las explicaciones que deben exigirse
Moncloa, Comercio y el Ministerio de Defensa deberían facilitar, en los límites compatibles con la seguridad nacional, la cronología de respuesta al ataque y el estado de las diligencias de contrainteligencia. Comercio y el ICO deben facilitar memorias de créditos, importes efectivamente desembolsados, condiciones financieras y expedientes de las operaciones.
La Cámara puede ejercer su control presupuestario y la justicia debe establecer, si aparecen nuevas pruebas, las responsabilidades penales concretas. Ni la confidencialidad total ni una acusación sin documentación satisfacen la exigencia de rendición de cuentas.
Fuentes examinadas
- RTVE, comparecencia gubernamental del 2/05/2022 sobre el ataque Pegasus.
- EFE, archivo de la investigación penal el 22/01/2026.
- Ministerio de Comercio, protocolo FIEM para 40 trenes en Marruecos, 27/02/2025.
- Ministerio de Comercio, cómo funciona el crédito comprador FIEM.
- Comercio, memorias y normativa del FIEM.
- Investigación del 16/02 sobre las gestiones con Israel.
- Investigación sobre créditos de exportación 2021–2026.
Balance: están confirmados el ciberespionaje y el crédito ferroviario. No está probada judicialmente la autoría marroquí ni la existencia de un chantaje, y la investigación debe concentrarse en las piezas documentales que podrían confirmarlo o descartarlo.
