Felipe VI lleva Ceuta al plano de la defensa: qué significa la reunión de Zarzuela

HALLAZGOS PRINCIPALES

• Casa Real afirma que la situación de Ceuta fue examinada «desde el punto de vista de la defensa» y publica la identidad de los asistentes.
• La LO 5/2005 atribuye al Rey el mando supremo de las Fuerzas Armadas.
• La LO 5/2005 atribuye al Gobierno la política de defensa y al presidente la autoridad para ordenar, coordinar y dirigir las Fuerzas Armadas y disponer su empleo.
• Sánchez sostiene que la reunión estaba agendada y confirma que se prepara una visita del Rey a Ceuta y Melilla.
• La composición del encuentro eleva el tratamiento institucional de Ceuta al nivel de evaluación militar/defensa, además de las capas migratoria y de seguridad.
• No hay evidencia pública de una orden operativa del Rey, de una ruptura Rey-Gobierno o de una advertencia militar formal a Marruecos.

Felipe VI ha llevado la crisis de Ceuta a un terreno institucional que no admite una lectura superficial. La Casa de S.M. el Rey comunicó el 8 de septiembre que Don Felipe había mantenido en el Palacio de la Zarzuela una reunión cuyo objeto fue, literalmente, «examinar la situación en Ceuta desde el punto de vista de la defensa». La frase es breve, pero la composición del encuentro explica su alcance: no fue una audiencia protocolaria con un único responsable político, sino una reunión con la ministra de Defensa y con los mandos que conectan la dirección militar estratégica con la estructura operativa y con el mando territorial de Ceuta.

Al encuentro asistieron Margarita Robles; el jefe de Estado Mayor de la Defensa, almirante general Teodoro Esteban López Calderón; el jefe del Mando de Operaciones, teniente general José Antonio Agüero; el jefe del Mando Operativo Terrestre, teniente general Julio Salom; y el comandante general de Ceuta, general de división Luis Jesús Fernández Herrero. Esa fotografía institucional es la primera clave: reúne en una misma mesa al jefe del Estado, a la responsable política de Defensa, al máximo mando militar profesional, al órgano de conducción de las operaciones, al mando terrestre y al responsable militar de la plaza ceutí.

La novedad relevante no es, por tanto, que el Rey se reúna con militares. El jefe del Estado mantiene de forma ordinaria contacto con las Fuerzas Armadas y la Constitución le atribuye expresamente su mando supremo. Lo excepcional desde el punto de vista informativo es el objeto que la propia Zarzuela decidió hacer público: Ceuta fue examinada de forma específica «desde el punto de vista de la defensa» en un momento en el que la ciudad sigue sometida a las consecuencias políticas, judiciales y de seguridad derivadas de la crisis iniciada el 30 de julio.

La formulación obliga a distinguir tres planos que durante semanas se han mezclado en el debate público: inmigración y acogida, seguridad interior y defensa. La crisis de Ceuta nació como una entrada masiva y una emergencia de control fronterizo, pero posteriormente activó mecanismos de coordinación de Seguridad Nacional, investigaciones judiciales y un debate creciente sobre alertas previas, actuación de organismos de inteligencia, protección de la frontera y capacidad de respuesta del Estado. La reunión de Zarzuela no prueba que España haya redefinido oficialmente el episodio como una amenaza militar; sí prueba que la situación ha sido objeto de análisis en el nivel de defensa con los principales mandos militares concernidos.

Ese matiz es esencial. Hablar de «defensa» no equivale automáticamente a hablar de guerra, operación militar o movilización. La defensa nacional abarca la protección de la independencia, la integridad territorial y el orden constitucional, y su planeamiento incluye escenarios y contingencias que pueden no desembocar jamás en el empleo de la fuerza. Lo que cambia con la reunión de Zarzuela es el nivel institucional desde el que Ceuta está siendo observada, no la naturaleza jurídica de la crisis por sí sola.

Una cadena militar completa alrededor de la mesa

La presencia del JEMAD y del Mando de Operaciones da al encuentro una profundidad distinta a una simple reunión territorial. El jefe de Estado Mayor de la Defensa es el principal asesor militar del presidente del Gobierno y del ministro de Defensa y, bajo la dependencia de este último, ejerce el mando de la estructura operativa de las Fuerzas Armadas y la conducción estratégica militar de las operaciones. El Mando de Operaciones es, precisamente, el órgano desde el que se planean y conducen las operaciones que se encomiendan a la estructura operativa.

A ese nivel se añadió el Mando Operativo Terrestre y, finalmente, el comandante general de Ceuta, responsable de la estructura militar territorial de una ciudad cuya posición geográfica convierte cualquier crisis grave en la frontera con Marruecos en una cuestión que desborda con facilidad la gestión municipal o autonómica.

La fotografía permite, por tanto, reconstruir una secuencia institucional clara: información desde el terreno, evaluación militar, conducción operativa, dirección política de Defensa y conocimiento del jefe del Estado. No permite afirmar, en cambio, que de esa reunión saliera una orden de despliegue ni una modificación pública de las reglas de actuación de las Fuerzas Armadas.

¿Puede Felipe VI ordenar al Ejército actuar en Ceuta?

Aquí conviene cortar de raíz dos afirmaciones contradictorias que han circulado durante la crisis: que el Rey «no puede hacer absolutamente nada» y que, por ser capitán general de las Fuerzas Armadas, puede «tomar el control» de la situación. Las dos son incorrectas.

El artículo 62.h de la Constitución atribuye al Rey el mando supremo de las Fuerzas Armadas. La Ley Orgánica 5/2005 de la Defensa Nacional repite esa atribución en su artículo 3. El jefe del Estado tiene, además, derecho a ser informado de los asuntos de Estado y desempeña una función institucional de máxima relevancia en la relación de la Corona con los Ejércitos.

Pero la misma Ley Orgánica fija con precisión dónde reside el poder ejecutivo. Corresponde al Gobierno determinar la política de defensa y asegurar su ejecución. Y corresponde al presidente del Gobierno dirigir esa política, gestionar las situaciones de crisis que afecten a la defensa, ejercer la dirección estratégica de las operaciones militares y utilizar su autoridad para ordenar, coordinar y dirigir la actuación de las Fuerzas Armadas, además de disponer su empleo.

Eso significa que Felipe VI no puede, por iniciativa propia, ordenar el despliegue de unidades en Ceuta, iniciar una operación, sustituir al Ministerio de Defensa o asumir la dirección operativa de una crisis. Tampoco puede declarar unilateralmente el estado de sitio: la Constitución reserva esa declaración al Congreso de los Diputados por mayoría absoluta y a propuesta exclusiva del Gobierno.

El mando supremo del Rey es, por tanto, constitucionalmente real, pero no constituye una cadena de mando ejecutiva paralela al Gobierno. La Corona encarna la jefatura del Estado y mantiene una relación singular con las Fuerzas Armadas; la conducción política y operativa de la defensa corresponde al Ejecutivo conforme a la Constitución y a la ley.

Una visita a Ceuta y Melilla vuelve al tablero

La reunión se produce además cuando Gobierno y Casa Real preparan una próxima visita oficial de Felipe VI a Ceuta y Melilla. Pedro Sánchez ha confirmado públicamente que ambos están trabajando en esa visita, aunque no existe todavía una fecha definitiva anunciada. El presidente ha defendido también la normalidad institucional del encuentro militar y ha señalado que estaba agendado.

El precedente histórico más significativo es noviembre de 2007. Juan Carlos I y la reina Sofía realizaron entonces visitas oficiales a Ceuta y Melilla. En Ceuta fueron recibidos con honores militares y el Rey recibió el Bastón de Mando de la ciudad. La visita tuvo una carga institucional evidente por tratarse de las dos ciudades españolas del norte de África y provocó entonces una fuerte reacción diplomática de Marruecos.

Una visita de Felipe VI en 2026 tendría, por tanto, una carga simbólica particularmente elevada por el momento en el que se produciría. Pero su significado debería analizarse a partir del programa oficial, los mensajes pronunciados y la representación gubernamental, y no anticiparse como un desafío diplomático antes de que esos elementos sean públicos.

Ceuta, entre Seguridad Nacional, inteligencia y defensa

El contexto convierte la reunión en algo más que una fotografía. Desde el 30 de julio, el Estado ha ido añadiendo capas de respuesta: control fronterizo, refuerzos policiales, gestión humanitaria, coordinación política, mecanismos de Seguridad Nacional, cooperación europea y actuaciones judiciales. El Consejo de Ministros ha acordado además la desclasificación de información del Centro Nacional de Inteligencia y del Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas relacionada con la entrada masiva en Ceuta.

Ese corpus documental será decisivo para responder una pregunta distinta de la que plantea la reunión de Zarzuela: qué se sabía antes del 30 de julio, quién lo sabía, con qué nivel de precisión y qué decisiones se tomaron. El Estándar está auditando esa línea por separado porque mezclar «existían avisos» con «se conocía la magnitud exacta» produciría una conclusión políticamente atractiva pero documentalmente débil.

La reunión del Rey con la cúpula militar sí permite afirmar otra cosa con mucha mayor seguridad: Ceuta ya no está siendo tratada exclusivamente como un problema migratorio o de orden público. La propia Casa Real ha reconocido que la situación ha sido examinada específicamente desde la perspectiva de la defensa.

Lo que la fotografía dice —y lo que no

La fuerza informativa de la escena está precisamente en no exagerarla. Que Felipe VI se siente con Robles, el JEMAD, el Mando de Operaciones, el Mando Operativo Terrestre y el comandante general de Ceuta significa que el jefe del Estado ha recibido y compartido una evaluación de defensa sobre una de las crisis territoriales más graves del verano.

No significa que Zarzuela haya activado una cadena de mando propia. No significa que exista una orden militar contra Marruecos. No demuestra que el Gobierno y el Rey mantengan posiciones distintas. Y tampoco prueba por sí sola que la crisis del 30-J tuviera una planificación estatal marroquí, una cuestión que debe resolverse mediante investigación judicial e inteligencia verificable.

El hecho relevante es más sobrio y, precisamente por eso, más importante: la crisis de Ceuta ha alcanzado el nivel en el que España considera necesario que su jefe del Estado conozca la evaluación de Defensa directamente de los responsables políticos y militares que ocupan la cadena operacional pertinente. En una crisis donde cada palabra puede convertirse en munición política o diplomática, ése es el dato que puede sostenerse sin necesidad de añadir nada más.