Ceuta 30-J: los avisos previos dejan a Presidencia en el centro

HALLAZGOS PRINCIPALES

• La hipótesis de que “no había información” antes del 30-J queda refutada por el corpus público: hubo seguimiento, refuerzos, reuniones y avisos cada vez más específicos.
• El 29 de julio, el CNI trasladó a la Delegación del Gobierno y a Guardia Civil un llamamiento para entrar en Ceuta al día siguiente por valla y mar, coincidiendo con la Fiesta del Trono.
• La documentación policial del 29-J llegó a evaluar como extremo el riesgo del escenario coordinado mar-valla, aunque con probabilidad media-baja. Riesgo y probabilidad no son lo mismo.
• No está demostrado que ningún organismo anticipara la cifra final de alrededor de 70.000 entradas ni la naturaleza exacta del episodio. Esa parte de la defensa de Moncloa sigue en pie.
• Juan Jesús Vivas sostiene que llamó a Moncloa el 27-J y que su primera conversación directa con Pedro Sánchez se produjo el 30-J, cuando la avalancha ya estaba en marcha. No disponemos del registro telefónico completo que permita convertir esa secuencia en una acusación de llamadas deliberadamente rechazadas.
• La Ley 36/2015 atribuye al presidente del Gobierno la dirección de la política y del Sistema de Seguridad Nacional; el DSN, integrado en Presidencia, tiene funciones expresas de alerta temprana, integración y seguimiento de crisis.
• La evidencia pública sitúa la respuesta extraordinaria nacional inequívoca durante el 30-J. El hueco previo está en la fusión, escalado y conversión del warning en una decisión extraordinaria antes de que el evento se materializara.
• Los 611.988.001,56 euros identificados en I3D no son 611,9 millones “gastados en un sistema de alerta de Ceuta”: son valores estimados de dos acuerdos marco de Defensa. La cuestión relevante es por qué existían potentes capacidades sectoriales y, aun así, no puede auditarse una cadena horizontal de alerta común antes del 30-J.

Los papeles que el propio Gobierno ha publicado sobre Ceuta han desplazado el debate. Ya no se puede discutir seriamente si antes del 30 de julio existían señales. Existían. La cuestión es otra: quién las recibió, cómo se valoraron juntas y por qué el salto a una respuesta extraordinaria aparece documentado cuando la crisis ya estaba en marcha.

La Moncloa publicó el 9 de septiembre un repositorio de 40 informes, alertas y comunicaciones de Policía Nacional, Guardia Civil, CNI y Fuerzas Armadas. La propia Presidencia explica que el objetivo es permitir reconstruir “qué información existía en cada momento”, a quién se trasladó y cuándo. Esa publicación acota el margen para una defensa política basada en la inexistencia de avisos previos: el corpus contiene seguimiento continuado, comunicaciones a la Secretaría de Estado de Seguridad, reuniones urgentes, notas policiales y avisos del CNI antes del colapso.

La defensa que sí cae y la defensa que no

Hay que separar dos afirmaciones que durante semanas se han mezclado. La primera es que no hubo warning previo. Esa formulación amplia ya no resiste la documentación publicada. La segunda es que nadie anticipó una entrada de alrededor de 70.000 personas ni la magnitud final del episodio. Esa segunda afirmación no ha sido refutada: el propio CNI admite que no anticipó la magnitud y naturaleza de lo que ocurrió, y Pedro Sánchez insiste en que ningún organismo español o europeo previó aquella escala.

El problema para Moncloa aparece en el espacio entre ambas afirmaciones. No hace falta predecir una cifra exacta para que exista una obligación política de reevaluar un riesgo. Un sistema de seguridad no trabaja únicamente con certezas; trabaja con probabilidad, consecuencia, tendencia, convergencia de indicadores y capacidad de daño. Y eso es precisamente lo que los documentos empiezan a mostrar entre el 27 y el 29 de julio.

27 de julio: la normalidad ya estaba rota

El 27 de julio la Delegación del Gobierno en Ceuta comunica al CNI que mantiene una reunión urgente con la Ciudad, Policía Nacional y Guardia Civil por el “tema nadadores”. Los expedientes FORTIS sitúan esa reunión en un contexto de alrededor de 150 llegadas diarias y presión creciente sobre los servicios de acogida. A esas alturas, el episodio todavía no se parece a lo que ocurrirá tres días después, pero tampoco encaja ya cómodamente en una rutina fronteriza ordinaria.

Ese mismo día aparece además la nota CNI C/10266, que el inventario oficial de Moncloa registra como difundida a autoridades pertinentes del Gobierno de la Nación y a autoridades locales de Ceuta. El detalle importa porque demuestra que había circulación nacional de inteligencia sobre el deterioro previo, aunque el repositorio público no ofrece la lista nominal de quién la leyó ni qué decisión produjo.

28 y 29 de julio: el warning cambia de calidad

El 28 de julio, CENIF analiza expresamente el riesgo de salto masivo y cruce a nado en los últimos días del mes. La señal agregada de redes todavía podía ser ambigua, pero aparecen elementos específicos: fecha, condiciones marítimas, varios vectores y grupos que hablan de coordinación. Al día siguiente, esa ambigüedad disminuye.

La actualización de TIFA-3133 del 29-J recoge comunicaciones que intentan organizar entradas masivas por tierra y por mar con la finalidad de provocar el mayor colapso posible. TIFA-3136 formaliza después una matriz en la que el escenario coordinado mar-valla tiene una probabilidad media-baja, pero un riesgo extremo. Esa diferencia es esencial: un escenario puede no ser el más probable y, aun así, exigir preparación adicional por sus consecuencias potenciales.

En paralelo, el CNI detecta llamamientos para aprovechar la Fiesta del Trono. A las 13:52 del 29 de julio traslada al Gabinete de la Delegación que existe una convocatoria para entrar al día siguiente por valla y mar y que los dos principales grupos analizados suman alrededor de 180.000 seguidores. También intenta contactar con UCE-3 de Guardia Civil y termina produciéndose una llamada de varios minutos. La nota C/10399, titulada como alerta temprana, es remitida formalmente a los servicios de inteligencia marroquíes.

El agujero en Delegación: el aviso llegó, pero el delegado dice que no lo supo

Aquí aparece uno de los hechos más difíciles de ignorar. El delegado del Gobierno, Miguel Ángel Pérez, ha declarado que esas comunicaciones llegaron a su jefe de gabinete pero no a su conocimiento personal. Eso no permite afirmar por sí solo que existiera un delito, una negligencia administrativa o un incumplimiento de protocolo. Sí permite identificar una discontinuidad concreta dentro de la cadena de información: el CNI llegó al Gabinete de la Delegación; el titular de la Delegación sostiene que no conoció el aviso.

La pregunta que queda ya no es si el CNI avisó a Ceuta. Avisó. La pregunta es qué obligación de escalado regía dentro de la Delegación, qué información se trasladó a la autoridad territorial que ostentaba responsabilidades sobre la seguridad y qué medidas adicionales podían haberse activado con menos de 24 horas de margen.

Vivas: tres días de distancia entre Moncloa y la primera conversación directa con Sánchez

Juan Jesús Vivas ha dado su propia cronología. Sostiene que el lunes 27 llamó a Moncloa y trasladó que lo que estaba ocurriendo era motivo de preocupación; que el martes 28 pidió al Gobierno medidas extraordinarias; que el miércoles 29 recibió como respuesta que no existía fundamento para la fórmula solicitada; y que su primera conversación directa con Pedro Sánchez llegó el jueves 30, con la avalancha ya en marcha.

Esa secuencia es políticamente relevante, pero debe escribirse con precisión. El material disponible acredita la declaración de Vivas; no tenemos el registro telefónico completo de Presidencia que permita afirmar que Sánchez rechazó deliberadamente llamadas durante tres días. Lo que sí puede afirmarse es que, según el presidente de Ceuta, la primera conversación directa con Sánchez no se produjo hasta el día del colapso. Europa Press documentó esa conversación del 30-J, cuando Vivas trasladó a Sánchez la gravedad de la situación y pidió una respuesta de emergencia.

La ley coloca la dirección del sistema en Presidencia

La crítica política deja de ser una cuestión de intuición cuando se lee la Ley 36/2015 de Seguridad Nacional. Su artículo 15 atribuye al presidente del Gobierno la dirección de la política de Seguridad Nacional y del propio Sistema de Seguridad Nacional. El artículo 19 encomienda al sistema evaluar situaciones, recabar y analizar información y permitir las decisiones necesarias para dirigir y coordinar la respuesta. El artículo 25 exige mecanismos para que el sistema pueda activarse preventivamente ante supuestos susceptibles de derivar en una situación de interés para la Seguridad Nacional.

El Departamento de Seguridad Nacional tampoco es un actor ornamental. El Real Decreto 676/2025 lo sitúa dentro de Presidencia como órgano de asesoramiento al presidente y le asigna el Centro de Situación, la integración del Sistema de Seguridad Nacional, los mecanismos permanentes de enlace y coordinación, la alerta temprana y el seguimiento de riesgos y crisis, además de las comunicaciones especiales de Presidencia.

Esto no convierte a Pedro Sánchez en responsable automático de cada alerta táctica que produzca una unidad policial. Sí significa que la dirección estratégica del sistema que debe integrar y escalar una crisis nacional termina institucionalmente en Presidencia. Por eso, una vez acreditadas señales dispersas en varios organismos, la pregunta de responsabilidad política asciende inevitablemente: ¿cuándo se fusionaron, quién decidió que el umbral ordinario había sido superado y qué orden produjo ese cambio?

La respuesta extraordinaria que sí podemos fechar aparece durante el 30-J

Los documentos y comparecencias permiten fijar varios hitos. Félix Bolaños ha situado el seguimiento reforzado del Sistema de Seguridad Nacional desde el propio 30 de julio. Grande-Marlaska declaró que, antes de las 20:00, el presidente había fijado criterios de actuación para coordinar ministerios, ayudas y medios, incluido Defensa. Margarita Robles sitúa a las 20:30 la solicitud de apoyo militar por parte del delegado del Gobierno.

Esos hitos no son incompatibles entre sí. Una coordinación presidencial puede preceder a una petición formal de despliegue militar. Lo relevante es otra cosa: la cadena extraordinaria que sí puede demostrarse aparece cuando la crisis ya se ha materializado. Lo que no aparece en lo publicado es un acto equivalente el 28 o el 29 que diga, en términos funcionales: las señales han superado el umbral; se eleva el nivel y se ordena una respuesta extraordinaria preventiva.

No faltaban cables: faltaba demostrar la fusión

La investigación paralela sobre digitalización ayuda a entender por qué este caso no puede reducirse a “faltaban medios”. El Estado disponía de SIVE, sensores, cámaras, fibra, COS, SIDI, sistemas de Interior, redes de Defensa, Centro de Situación y comunicaciones especiales. Desde 2011, además, la normativa describe Malla B como soporte de comunicaciones estratégicas seguras del sistema nacional de gestión de crisis y de Presidencia. La Estrategia de Seguridad Nacional de 2021 insiste en integrar información, desarrollar alerta temprana, mejorar las comunicaciones especiales y conectar a las comunidades y ciudades autónomas.

En otras palabras: el Estado había identificado durante años que el problema no era solo recoger datos, sino ponerlos en común. PI-SSN es la expresión más clara de esa necesidad. Fue contratada para integrar fuentes, indicadores, alertas y apoyo a decisiones. Pero la última declaración oficial fuerte localizada por FORTIS, de octubre de 2025, indicaba que la plataforma todavía no estaba en funcionamiento y esperaba su operación para finales de 2026. La investigación abierta no ha encontrado un go-live público inequívoco anterior al 30-J.

Los 611,9 millones: mucho dinero, pero no para “el sistema que falló”

También aquí conviene evitar una acusación fácil que sería técnicamente incorrecta. Los 611.988.001,56 euros que aparecen en el expediente FORTIS son la suma de los valores estimados de dos grandes acuerdos marco I3D del Ministerio de Defensa: telecomunicaciones y protección/ciberseguridad. No son 611,9 millones pagados a una plataforma de alerta de Ceuta y ni siquiera equivalen a gasto ejecutado.

Lo que sí revelan es la escala del ecosistema digital sectorial del Estado. Frente a esa potencia vertical, la capa horizontal de fusión y alerta aparece mucho más difícil de auditar. FORTIS ha identificado PI-SSN, Malla B, el Centro de Situación y proyectos de conexión con Defensa, pero no puede reconstruir públicamente una cadena automática y cerrada CNI → Interior → Defensa → DSN → Presidencia → decisión para las horas críticas del 29-J.

Ese contraste no demuestra despilfarro. Demuestra otra cosa: invertir en redes, sensores y ciberseguridad no garantiza que organismos con culturas, clasificaciones y cadenas de mando diferentes compartan a tiempo una imagen común de riesgo. El posible fallo no está en un “servidor de 611 millones”, sino en la interfaz entre silos y, sobre todo, entre información y autoridad.

Qué queda de la defensa de Moncloa

La defensa del Gobierno debe dividirse en dos. Moncloa tiene razón en una cuestión relevante: los documentos publicados no muestran una predicción de 70.000 entradas, y el propio CNI reconoce que no anticipó la magnitud final. Convertir el número de seguidores de varios grupos en una previsión de personas que cruzarían sería falso.

Pero la defensa se vuelve mucho más débil cuando se formula como ausencia de alerta relevante. El expediente oficial contiene un producto del CNI con la expresión “alerta temprana”; mensajes a Delegación y Guardia Civil sobre un llamamiento para el día siguiente por valla y mar; una evaluación policial de riesgo extremo para el escenario coordinado; y una secuencia de reuniones y refuerzos anteriores. Que ninguna pieza predijera la cifra final no borra la obligación de valorar la convergencia.

El propio Sánchez ha admitido después que el Estado debe mejorar su capacidad de anticipación y prevención en el entorno digital. Esa admisión no equivale a reconocer negligencia. Sí confirma que, una vez analizado el episodio, Presidencia identifica precisamente anticipación y prevención como capacidades que deben reforzarse.

La acusación que sí puede sostenerse

Con la evidencia disponible, El Estándar no puede afirmar que Pedro Sánchez supiera que iban a entrar 70.000 personas, ni que ordenara ignorar una alerta, ni que hubiera dolo o encubrimiento. Tampoco puede convertir una discusión política sobre llamadas en una imputación penal sin registros.

Sí puede sostener una acusación política e institucional mucho más concreta: bajo un sistema que la ley coloca bajo la dirección del presidente, varios organismos detectaron y difundieron señales crecientes antes del 30-J, pero la documentación pública no muestra una fusión y escalado extraordinarios preevento comparables a la respuesta que se activó durante la crisis. Presidencia es, por tanto, el último punto de responsabilidad política sobre la arquitectura que debía convertir el warning disperso en una decisión común.

Eso no absuelve a Interior, Delegación, mandos operativos o servicios de inteligencia de sus respectivas responsabilidades funcionales. Al contrario: obliga a reconstruir cada salto. Pero impide que el debate termine en el agente que mandó un WhatsApp o en el analista que asignó una probabilidad. La pregunta final es de mando: quién tenía la autoridad para declarar que la normalidad se había acabado antes de que los hechos lo hicieran evidente.

El documento que falta

La investigación ha llegado a una frontera muy concreta. Para cerrar responsabilidades individuales hacen falta los registros que no están en el repositorio público: lista de distribución y acuses, minutas de Interior, protocolo del Gabinete de Delegación, logs del Centro de Situación, registros de comunicaciones especiales, estado operativo de PI-SSN, briefing recibido por Presidencia y la primera orden que elevó el nivel de respuesta.

Parte de esa documentación ya está en manos de la Audiencia Nacional. Guardia Civil y Policía han entregado informes requeridos sobre los avisos previos y los dispositivos. Hasta que esos materiales sean públicos o exista una resolución judicial, cualquier salto desde “fallo sistémico” a “responsabilidad penal individual” sería periodísticamente irresponsable.

Conclusión

El 30-J no puede explicarse ya como un apagón de inteligencia. Tampoco como una predicción perfecta ignorada por el Gobierno. Los documentos dibujan algo más incómodo: un Estado que veía piezas del problema, reforzaba determinados medios y recibía warnings cada vez más específicos, pero cuya respuesta extraordinaria nacional aparece documentada cuando la amenaza ya se estaba materializando.

El punto crítico no es si existía información. Existía. Tampoco si había tecnología. La había. El punto es quién tenía que convertir señales parciales en una imagen común y quién debía transformar esa imagen en una orden. La ley sitúa la dirección final del Sistema de Seguridad Nacional en el presidente del Gobierno. Y por eso, sin necesidad de exagerar lo que los documentos no dicen, la responsabilidad política de explicar ese vacío termina en Presidencia.