La investigación sobre las actuaciones atribuidas a Leire Díez ha abierto una nueva línea de comprobación fuera de Madrid.
Agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil se desplazaron a Badajoz para tomar declaración como testigo a una mujer que había afirmado públicamente que recibió propuestas para participar en acciones destinadas a perjudicar a la jueza Beatriz Biedma.
La magistrada, que instruyó el procedimiento contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, ha entregado además a la Audiencia Nacional 96 vídeos que considera relevantes para documentar una campaña de descrédito contra ella.
Los dos movimientos aumentan el volumen de material disponible.
No convierten las acusaciones en hechos probados.
La testigo de Badajoz
La mujer interrogada había relatado en televisión que determinadas personas se pusieron en contacto con ella y le facilitaron información sobre Biedma.
Según su versión, la intención era que participara en acciones de hostigamiento contra la magistrada.
Ella afirma que se negó.
La UCO ha querido comprobar el relato directamente y, sobre todo, identificar a las personas que supuestamente realizaron esos contactos.
Ese paso es básico.
Una acusación pública puede orientar una investigación.
Solo adquiere valor probatorio cuando puede vincularse con nombres, comunicaciones, fechas y otros elementos verificables.
Por qué Badajoz es importante
Biedma desarrolló parte relevante de su carrera judicial en Badajoz y allí ha llevado investigaciones de gran impacto.
La propia magistrada sostiene que algunas maniobras contra ella podrían relacionarse con causas anteriores y con personas de su entorno profesional.
Es una hipótesis que todavía necesita corroboración.
La Guardia Civil deberá diferenciar los episodios vinculados al procedimiento actual de conflictos o amenazas anteriores que no tengan conexión.
Los 96 vídeos
Biedma ha remitido a la Audiencia Nacional copias certificadas de 96 vídeos publicados en YouTube.
En ellos aparecen afirmaciones y acusaciones contra la jueza que ella considera falsas y dañinas.
El número por sí solo no demuestra una campaña coordinada.
Lo relevante será identificar autores, fechas, mensajes repetidos, fuentes de información y posibles conexiones entre quienes difundieron el contenido.
También habrá que determinar si las expresiones están protegidas por la libertad de expresión o si cruzan el umbral penal de la calumnia u otros delitos.
Pedraz limita el perímetro
El juez Santiago Pedraz ya admitió a Biedma como perjudicada dentro del procedimiento.
Pero no ha validado todas las líneas planteadas por la magistrada.
El instructor ha acotado de momento el expediente a hechos sobre los que aprecia indicios suficientes para investigar.
Esa diferencia es esencial.
Una persona puede presentar una denuncia extensa y un juez decidir que solo una parte merece diligencias penales.
El informe previo de la UCO
La Guardia Civil había identificado a Biedma como uno de los objetivos de actuaciones investigadas dentro del expediente.
Eso tampoco significa que todos los responsables o finalidades estén demostrados.
La tarea de la UCO consiste precisamente en reconstruir quién buscó información, quién habló con quién y qué acciones se realizaron después.
El patrón solo puede establecerse si las piezas convergen.
Leire Díez y Santos Cerdán
Distintas informaciones y testimonios han situado a Leire Díez y a Santos Cerdán en el centro de acusaciones sobre búsqueda de información relativa a jueces, fiscales, guardias civiles y otras personas.
Esas acusaciones deben tratarse como tales.
La cercanía política o la militancia no sustituyen la prueba.
La investigación debe determinar conductas individuales.
El valor de una cadena de comunicaciones
En este tipo de procedimientos, las pruebas más sólidas suelen ser menos espectaculares que las declaraciones públicas.
Mensajes.
Llamadas.
Correos.
Archivos compartidos.
Reuniones.
Transferencias.
Metadatos.
Una supuesta orden puede negarse.
Una secuencia de comunicaciones puede reconstruirse.
Por eso identificar a los interlocutores de la testigo de Badajoz puede ser más importante que el impacto inicial de su relato televisivo.
La declaración de Biedma
La magistrada está prevista para comparecer y ampliar información sobre los episodios que considera relevantes.
También podrá identificar a personas que, según sostiene, conocen hechos relacionados con las presuntas maniobras.
El juez tendrá que decidir después qué testigos resultan pertinentes y qué diligencias merecen practicarse.
No todas las personas propuestas por una parte terminan declarando.
El riesgo de convertir la investigación en narrativa política
El expediente afecta a personas vinculadas o anteriormente vinculadas al PSOE y a una jueza que investigó al hermano del presidente del Gobierno.
Ese contexto garantiza una batalla política.
Pero el estándar judicial no cambia.
No importa qué partido resulte beneficiado o perjudicado por un relato.
Importa si pueden probarse acciones concretas.
Qué cambia con las diligencias de hoy
La UCO ya no está trabajando solo sobre documentación aportada por denunciantes.
Está interrogando directamente a personas que afirman haber recibido propuestas y buscando identificar a los supuestos intermediarios.
A la vez, la Audiencia Nacional recibe un corpus audiovisual amplio que puede analizarse de forma sistemática.
El procedimiento gana material.
Ahora tiene que ganar prueba.
Fuentes consultadas
- El País, 30 de septiembre de 2026.
- Actuaciones conocidas públicamente de la Audiencia Nacional en el procedimiento.
