Un nuevo informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil eleva la gravedad de las diligencias abiertas alrededor del denominado caso Leire Díez.
El documento incorpora testimonios sobre presuntos seguimientos a la magistrada Beatriz Biedma, la jueza que instruyó la causa contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno.
La parte más grave procede de la declaración de Cintia Rocho, vinculada al clan Los Rocho de Badajoz.
Según recoge la UCO, Rocho relató que el exjuez Luis José Sáenz de Tejada se puso en contacto con ella y le trasladó que Biedma era “un puto grano en el culo” y que había que “eliminarla”. La testigo entendió esas palabras como una referencia a causarle daño físico y, según las informaciones publicadas, rechazó participar.
El informe también recoge que personas del entorno investigado habrían buscado contactos con otros clanes de narcotráfico.
El contacto con clanes criminales
Ese extremo eleva la gravedad potencial del caso, pero obliga a distinguir cuidadosamente entre lo que una testigo declara, lo que la UCO incorpora al atestado y lo que está judicialmente acreditado.
Que el informe documente contactos con delincuentes y una propuesta verbal de “eliminar” a la jueza no equivale a demostrar que existiera una orden formal de asesinato, ni permite atribuirla automáticamente al PSOE como organización.
Leire Díez fue militante socialista y la investigación analiza relaciones, reuniones y posibles encargos alrededor de causas que afectaban al partido y al entorno de Pedro Sánchez. El PSOE niega haber organizado una operación de esa naturaleza.
Lo que dice el informe y lo que no dice
La diferencia entre ambos niveles es esencial.
La UCO ha recogido la declaración.
Eso convierte la existencia del testimonio en un hecho documental.
Pero no convierte automáticamente en probado que existiera un plan real para atacar físicamente a la magistrada.
Los investigadores deberán determinar si las palabras describen una intención concreta, una amenaza, una fanfarronada o una construcción posterior de la testigo.
Seguimientos a Biedma
El informe incorpora además referencias a supuestos seguimientos sobre la jueza.
Otros testimonios conocidos durante las últimas horas aseguran que personas investigadas por Biedma habrían recopilado información sobre sus movimientos.
La investigación trata de esclarecer si esos seguimientos estaban coordinados con personas vinculadas al grupo investigado en torno a Leire Díez.
Biedma ha solicitado intervenir en la causa como perjudicada.
El caso Leire
La Audiencia Nacional investiga si existió una estructura destinada a obtener información comprometedora sobre policías, fiscales, jueces y otras personas relacionadas con investigaciones que afectaban al PSOE o al entorno de Pedro Sánchez.
Leire Díez, exmilitante socialista, ha negado que actuara por encargo del partido.
El PSOE también niega haber organizado una operación de esa naturaleza.
La instrucción debe determinar si las conversaciones, reuniones y búsquedas de información constituyeron delitos y quién participó en ellas.
El vínculo con David Sánchez
Beatriz Biedma instruyó la causa relacionada con David Sánchez.
Eso explica por qué su nombre adquiere importancia dentro del expediente.
La UCO analiza contactos con personas del entorno de Badajoz y conversaciones en las que se hablaba de la magistrada como un obstáculo.
La investigación no puede saltar del contexto político a una responsabilidad penal sin pruebas.
Pero tampoco puede tratar como irrelevante que un testigo declare que se habló de causar daño físico a una jueza.
La palabra «eliminar»
El término es explosivo.
Y precisamente por eso debe tratarse con rigor.
No puede titularse como si estuviera acreditado un complot para asesinar a Biedma.
Lo acreditado es que una testigo ha declarado ante la Guardia Civil que escuchó esa expresión y que la entendió en términos físicos.
Ahora corresponde a los investigadores contrastarla con comunicaciones, movimientos, otros testimonios y evidencias materiales.
Una investigación que entra en otra dimensión
Hasta ahora el caso giraba fundamentalmente alrededor de presiones, obtención de información y maniobras para desacreditar investigaciones.
La posibilidad de seguimientos personales y referencias a violencia física abre una dimensión distinta.
Si se confirma, el expediente dejaría de ser únicamente una investigación sobre influencias y pasaría a afectar directamente a la seguridad de operadores judiciales.
Si no se confirma, será igualmente necesario determinar cómo y por qué esa acusación llegó al sumario.
El Estándar mantendrá separados ambos planos.
Testimonio documentado no es hecho probado.
Pero tampoco es un detalle menor cuando quien aparece en el centro es una magistrada.
