MADRID, 15 DE OCTUBRE DE 2026. El director adjunto operativo de la Guardia Civil, Manuel Llamas, ha comunicado al juez Santiago Pedraz que recibió llamadas del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y de la directora general del instituto armado, Mercedes González, después de la filtración de datos relativos al correo electrónico de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno. La información figura en una respuesta escrita del DAO al instructor del llamado caso Leire, a la que ha tenido acceso EFE.
Qué ha relatado exactamente Llamas
Según el escrito citado por la agencia, el ministro y la directora general contactaron con el responsable operativo para trasladarle los perjuicios que había ocasionado la publicación de datos personales de personas ajenas a unas diligencias desarrolladas por la Unidad Central Operativa ante un juzgado de Badajoz. El DAO sostiene que ese fue el origen de una de las informaciones reservadas sobre las que preguntó Pedraz.
La frase clave es la existencia de una llamada institucional reconocida en un escrito judicial. Reconocer la llamada no equivale a admitir una orden para interferir en la UCO. Determinar su contenido, su alcance y si resultó procedente exige analizar la documentación y las actuaciones del instructor.
Una causa que investiga posibles maniobras contra investigaciones
El juez Pedraz investiga una supuesta trama relacionada con Leire Díez y otras personas, cuya actividad habría perseguido desacreditar o entorpecer procedimientos sensibles para integrantes del PSOE y personas del entorno del presidente. En el procedimiento aparecen como investigados, de acuerdo con EFE, el propio Llamas y Mercedes González.
El término investigado describe una situación procesal, no una condena. Las actuaciones deben permitir a todas las partes conocer los hechos atribuidos y aportar su defensa. La exposición periodística de las comunicaciones de un alto mando policial requiere preservar esa distinción.
Informaciones reservadas y control interno
La Guardia Civil dispone de procedimientos internos para examinar determinados comportamientos y responsabilidades profesionales. Una información reservada no es idéntica a una investigación penal ni implica automáticamente que un funcionario haya cometido infracción. Puede ser una fase preliminar de averiguación administrativa.
El magistrado requirió documentación sobre varias informaciones reservadas y sobre expedientes disciplinarios que afectaban a agentes de la UCO. Llamas explicó que otras tres informaciones habían sido resueltas dentro de la estructura operativa, sin remitirlas a la directora general porque, según su versión, esta no intervino en su origen ni tramitación.
Esa explicación debe confrontarse, si procede, con registros de apertura, comunicaciones oficiales, competencia para incoar actuaciones y relación temporal con las investigaciones judiciales. El simple recuento de expedientes no demuestra por sí solo un patrón de represalias contra agentes.
Qué dice sobre los expedientes disciplinarios
El DAO sostiene en su respuesta que ninguno de cuatro expedientes disciplinarios fue motivado directamente por hechos relacionados con investigaciones judiciales. Es una manifestación del responsable requerido y debe atribuirse como tal. La valoración corresponderá al instructor tras examinar las causas de inicio, fechas, protagonistas y resoluciones.
La independencia de los investigadores y la protección de datos personales son intereses legítimos que pueden entrar en tensión. Una filtración puede justificar medidas para evitar nuevas divulgaciones indebidas. Pero también existe el riesgo de que un mecanismo disciplinario sea usado impropiamente si su motivación real difiere de la declarada; probarlo requiere evidencias.
La implicación del ministro
La relevancia política de las llamadas deriva de que el ministro del Interior aparece vinculado a un episodio que afecta a la UCO y a una causa judicial sensible. Preguntar por ese contacto es legítimo. Lo que no sería legítimo es adjudicarle una orden de persecución sin conocer el contenido real de la conversación y la documentación posterior.
Sería deseable que el Ministerio explicase el marco institucional de la llamada, si quedó registrada alguna instrucción formal y cuál fue la cadena administrativa seguida. Esa transparencia no exige publicar datos personales filtrados ni información protegida de investigaciones en curso.
Dos vías de responsabilidad
Si aparecen indicios de una conducta penalmente relevante, la justicia deberá abordarlos mediante el procedimiento correspondiente. Las responsabilidades políticas pueden exigirse con un umbral distinto de valoración pública, pero deben asentarse igualmente en hechos y explicaciones comprobables. Confundir ambos planos solo enturbia el control democrático.
El siguiente paso
La investigación debe esclarecer el alcance de las llamadas, la documentación de las informaciones reservadas, la relación con las actuaciones de la UCO y los eventuales testimonios de quienes participaron. La noticia acreditada hoy es la admisión por escrito de los contactos y la versión ofrecida sobre su finalidad. Su interpretación jurídica y las posibles consecuencias permanecen abiertas.
Fuentes y trazabilidad: EFE, comunicación a Pedraz · EFE, denuncia de Biedma y contexto del caso.
