MADRID / BADAJOZ, 15 DE OCTUBRE DE 2026. La magistrada Beatriz Biedma, que instruyó el caso contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, ha presentado una denuncia policial por un presunto seguimiento sufrido después de declarar en la Audiencia Nacional como perjudicada en la investigación sobre Leire Díez y supuestas maniobras para desestabilizar causas judiciales. Según la denuncia consultada por EFE, Biedma identifica como posible responsable a un exmagistrado investigado, José Luis Sáenz de Tejada, y manifiesta temor por su integridad y la de sus hijas.
El episodio posterior a la declaración
La jueza declaró el 8 de octubre en la Audiencia Nacional, ante el instructor del caso Leire. En esa comparecencia explicó que había percibido situaciones de vigilancia e intimidación. En la denuncia posterior describe un episodio de ese mismo día: cuando regresaba en coche hacia su domicilio en Badajoz, una de sus hijas advirtió que un vehículo blanco circulaba en paralelo y que, según su identificación, lo ocupaba Sáenz de Tejada.
La identificación forma parte de lo relatado por la denunciante; no es una conclusión firme derivada de un reconocimiento policial o una sentencia. Tampoco consta en la documentación pública una matrícula contrastada del vehículo. El dato jurídico relevante es que una magistrada ha puesto los hechos en conocimiento de la Policía y ha solicitado actuación.
El temor a un eventual localizador GPS
Biedma afirma desconocer cómo habría sabido el presunto seguidor el itinerario que realizó desde el aeropuerto de Talavera la Real hasta su vivienda. Entre sus hipótesis menciona la posibilidad de que se hubiese instalado algún dispositivo localizador en su coche. La sospecha no acredita la existencia de tal dispositivo. Para confirmarla sería necesario un examen técnico del vehículo, registros y una cadena de custodia.
El hecho de que un relato permita imaginar una técnica de vigilancia no autoriza a anunciar que se ha descubierto espionaje electrónico. El Estándar distingue aquí tres niveles: el seguimiento denunciado, la identificación alegada y la hipótesis de localización tecnológica.
Los antecedentes del caso Leire
La investigación judicial examina presuntas iniciativas para desacreditar o interferir en procedimientos que podían afectar al PSOE y al entorno del presidente. Biedma declaró como persona perjudicada por las posibles maniobras para desestabilizar la causa de David Sánchez. Su comparecencia no determina que todos los investigados hayan cometido los hechos, ni que exista una orden emitida por una autoridad política.
La denunciante alude a material intervenido por la UCO y a testimonios sobre contactos relacionados con un supuesto grupo criminal. EFE reproduce una anotación de agenda y declaraciones atribuidas a terceros; son elementos de investigación cuyo contexto y fiabilidad deben valorar el juez y las partes. No constituyen por sí solos la prueba de un plan de asesinato ni de una cadena de mando.
Protección y respuesta institucional
EFE informa de que la Delegación del Gobierno dispuso un dispositivo de seguridad para la magistrada. Esa medida es relevante por su finalidad preventiva, pero no equivale a la confirmación judicial de todas las amenazas. La protección puede resultar necesaria ante un riesgo percibido incluso cuando no se han esclarecido todas sus causas.
La independencia judicial exige que fiscales, jueces y policías puedan actuar sin intimidación. Si una autoridad judicial denuncia seguimientos contra ella o su familia, el Estado debe investigar con diligencia y garantías, evitando tanto la indiferencia como la instrumentalización partidista.
Qué necesita comprobarse
Las preguntas fundamentales son si existen cámaras o registros de tráfico que acrediten la presencia y recorrido del vehículo, si se ha tomado declaración a las personas señaladas, si se han examinado aparatos de localización y cómo se protege la intimidad y seguridad de la familia. También debe determinarse si algún episodio guarda relación real con la causa o se trata de hechos distintos.
La investigación no debería divulgar rutas privadas actuales, centros educativos identificables ni rutinas familiares que aumenten el riesgo para personas ajenas al procedimiento. La transparencia sobre lo denunciado es compatible con reservar datos operativos de protección.
La dimensión política no sustituye a la prueba
El PP ha pedido explicaciones al Gobierno sobre las alegaciones de posibles coacciones, pero esa exigencia política no prueba la participación del Ejecutivo. La existencia de vínculos personales o pasados entre investigados y organizaciones políticas debe describirse solo en la medida en que conste en documentación verificable.
Por el mismo motivo, atribuir automáticamente motivaciones partidistas a Biedma sin evidencias específicas sería deslegitimar una denuncia antes de investigarla. El derecho a la tutela judicial y la presunción de inocencia deben operar simultáneamente.
Conclusión: hay una denuncia conocida y una medida preventiva de seguridad, además de actuaciones judiciales previas. Los seguimientos y la eventual colocación de un GPS necesitan comprobaciones independientes; ninguna hipótesis de autoría puede tratarse como resolución definitiva.
Fuentes y trazabilidad: EFE: denuncia y nuevos hechos · EFE: declaración en la Audiencia Nacional, 8 de octubre.
