GAL: fondos públicos, mercenarios y mando político — la guerra sucia que sí acabó en los tribunales
A diferencia de tantas acusaciones que nunca superaron el terreno de la sospecha, los GAL dejaron sentencias firmes. El Tribunal Supremo estableció en el caso Marey que un ministro del Interior, altos cargos y mandos policiales autorizaron y financiaron con fondos reservados un secuestro ejecutado por sicarios en Francia. Otros procedimientos condenaron a policías por atentados y a mandos de la Guardia Civil y autoridades civiles por el secuestro y asesinato de Lasa y Zabala. Esta es la arquitectura judicial de la guerra sucia: qué quedó probado, quién fue condenado y dónde termina la sentencia.